En la actualidad, se cuenta con leyes y políticas públicas que definen la atención en salud mental y el consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA, como el resultado de diferentes esfuerzos y comprensiones, no solo en la atención en salud de la persona, sino en la vinculación de los diferentes actores, redes sociales y comunitarias que están relacionadas con esta problemática.
La cual reconoce que el consumo, abuso y adicción a Sustancias Psicoactivas – SPA, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud.
Por medio de la cual se busca garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.
En el acuerdo se establece abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública.
El cual busca orientar al Gobierno Nacional y territorial, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general sobre la construcción participativa e implementación de respuestas integrales en prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA basada en la evidencia.
Por medio del plan se busca reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido, dirigido a la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención del consumo y a la atención de las personas y las comunidades afectadas por el consumo de drogas, esto acompañado del fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia en salud pública.
La política tiene como objetivo promover la salud mental como un derecho de todas las personas, familias y comunidades para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia.
Por medio de la cual se busca garantizar la atención integral de las personas, familias y comunidades con riesgos o consumo problemático de Sustancias Psicoactivas – SPA, mediante respuestas programáticas, continuas y efectivas, en su reconocimiento como sujetos de derechos.
Por medio de la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por la cual se expide el código de infancia y adolescencia.
Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Por medio del cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y crea una Comisión Intersectorial para su implementación.
Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se adopta la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
Se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral migratoria en el estado colombiano y se dictan otras disposiciones.
Promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación garantizando la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura.
Hace referencia a la modernización del marco institucional del sector TIC, a focalizar las inversiones para el cierre de la brecha digital y a aumentar eficiencia en el cobro de contraprestaciones.